Modera:
Laura Rodríguez
Exponen:
Juan Pablo Luna
Fernando Olivera
Milton Romani
1. Introducción
La actividad funcionó como un cierre anual para analizar los desafíos estructurales de la democracia frente al auge de la violencia y el crimen organizado. Moderada por la periodista Laura Rodríguez, la mesa se propuso desarmar "soluciones mágicas" y, en su lugar, practicar la escucha activa de especialistas y actores territoriales para entender cómo sostener la democracia cuando esta convive con mercados ilegales, desigualdad y una crisis de los mecanismos tradicionales de movilidad social.
2. Resumen de las ponencias de los panelistas
Milton Romani
Centró su exposición en la necesidad de un modelo de desarrollo humano con justicia social como eje ordenador de la seguridad.
Crítica al Prohibicionismo: Sostuvo que la "guerra contra las drogas" y el punitivismo están en retirada a nivel global. Defendió la legalización de la marihuana en Uruguay como una innovación basada en derechos humanos que goza de prestigio internacional.
Corrupción y Pactos: Planteó que la corrupción política y policial es el núcleo del problema. Advirtió que romper pactos históricos de coimas sin una estrategia integral suele disparar la violencia territorial.
Autonomía Intelectual: Criticó la dependencia de "evidencia científica" importada (modelo anglosajón), abogando por respuestas políticas y sociales situadas en la realidad local.
Fernando Olivera
Habló desde la indignación y la realidad territorial, denunciando el "silencio institucional" frente a la vulneración de derechos de niños y adolescentes.
Infancias Rotas: Cuestionó la narrativa oficial de que los homicidios "no interesan" porque ocurren entre criminales, señalando que esto deshumaniza a las víctimas.
Ilegalidad como Proyecto: Explicó que para muchos jóvenes la ilegalidad es la única vía de movilidad social y estatus, ante un Estado que solo aparece en su faceta punitiva y criminalizadora de la pobreza.
Ciclo de Violencia: Describió cómo la cárcel se ha vuelto parte del trayecto vital de los jóvenes, financiada por sistemas de créditos ilegales que generan deudas impagables. También denunció que son las madres quienes deben investigar los crímenes de sus hijos ante la falta de protocolos estatales.
Juan Pablo Luna
Propuso un enfoque sistémico basado en las investigaciones del libro y la realidad regional.
El Trilema de la Seguridad: Expuso los desafíos para los gobiernos de reducir simultáneamente la actividad ilegal, la violencia y la corrupción.
Crítica al "Modelo Bukele": Definió el punitivismo como un "horizonte móvil" que siempre exige más represión y recursos sin control civil.
Nuevas Economías: Advirtió que las trayectorias juveniles ahora se integran en mercados ilícitos digitales y apuestas online, donde el Estado carece de herramientas de soberanía y regulación.
3. Resumen de los comentarios del público
Las intervenciones del público enriquecieron el debate con dimensiones adicionales y experiencias directas:
Perspectiva Feminista: Se reivindicó que hitos como la tipificación del femicidio fueron fruto de la presión social y no de concesiones políticas espontáneas. Se subrayó que la desigualdad de género es una responsabilidad transversal de todo el gobierno.
Sistema Financiero y Lavado: Hubo una fuerte crítica a la falta de responsabilidad bancaria y al rol de las empresas de crédito no bancarias que facilitan el flujo de dinero criminal.
Experiencias Educativas: Se compartieron testimonios de escuelas donde los adolescentes manifiestan que su proyecto de vida es ser "capos de la mafia". Sin embargo, se rescataron casos de éxito como el Complejo SACUDE, que demuestra el potencial integrador de la inversión estatal en territorio.
Articulación Estatal: Se destacó la importancia de planes integrales como el Plan Casavalle, que articula ministerios, intendencia y universidad, aunque se advirtió sobre el riesgo de discontinuidad por cambios presupuestales.
4. Conclusión general
La actividad concluyó que no existen recetas mágicas para abordar el crimen organizado en democracia, pero sí la certeza de que el punitivismo por sí solo fracasa y el retiro del Estado solo cede terreno a la gobernanza criminal. El consenso apuntó a que la seguridad debe ser parte de un plan de desarrollo integral que recupere la soberanía estatal en territorios y economías digitales, proteja a la infancia y combata la corrupción financiera. Se reafirmó el compromiso de un segundo encuentro para profundizar en el lavado de activos y el rol de las fuerzas de seguridad.