2023

1. Jerarquía de la política ambiental en los hechos

El crédito que el Ministerio de Ambiente (MA) recibió en 2022, es aproximadamente de tres a cuatro veces más alto respecto al año anterior, pasando en 2021 de $425 millones ($465 millones corregidos al 2022) a $1587 millones en 2022. Estas diferencias significativas, se pueden explicar por el presupuesto que ingresa para el sueldo del funcionariado presupuestado
(214 en total) que pasan del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) al MA en abril de 2022 por Decreto 99 (2022) y por el monto aproximado de USD 18 millones vinculado a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Residuos, monto que fue anunciado por el Ministro de Ambiente en su comparecencia al Parlamento por la Rendición de 2021. Pero, si sacamos ese monto (que representa el 46% del crédito asignado en 2022), el MA queda con un crédito asignado similar al recibido para las ex Direcciones Nacionales (DINAMA-DINAGUA), durante 2019 y 2020, que hoy forman parte de la nueva cartera. Lo que, en hechos, en recursos, no refleja un mayor fortalecimiento para el total de competencias asignadas al nuevo MA. Recordemos que el MA se creó con la Ley N° 19.889 de Urgente Consideración (LUC), en 2020 y ese mismo año, se le asigna un magro presupuesto para 2020-2024, en todo el período de esta administración, quedando en el último lugar de los 14 ministerios. ¿Es posible cumplir con las competencias asignadas sin los recursos necesarios?

2. Ambiente, bien común vs. bien a las corporaciones

A nivel nacional hubo un claro retroceso en normativas que refieren a agroquímicos y caza; aumentando los riesgos a la seguridad de las personas y al ambiente. Fue prioritario responder a las demandas corporativas como la Sociedad de Productores Forestales para que autoricen agroquímicos que estaban prohibidos y la de empresarios de la caza deportiva para que se flexibilice la actividad, en lugar de dar prioridad a la protección del ambiente y al bien común, concepto muy ausente en las políticas públicas de la presente administración. ¿Cuál es el rol del Estado entonces con este Gobierno? ¿Defender el bien común o atender demandas de particulares?

3. Los bienes naturales como el agua, tampoco se escaparon de las iniciativas privadas

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) en lo que respecta a agua potable, presenta una fuerte reducción en inversiones anuales comparado con 2018 y 2019. Si a esto se le suman los costos que OSE va a tener que pagar por el proyecto denominado Neptuno (o Arazatí) (incitativa aprobada por Resolución de Directorio Nº 1144/22 y con pliego
de licitación aprobado recientemente), el panorama financiero de la empresa pública, será muy complicado. El nuevo diseño del proyecto aprobado presenta tres cambios respecto al anterior (con aumento de capacidad de producción de agua potable, aumento de capacidad de reserva de agua bruta y tuberías de mejor calidad) lo que implica un aumento del costo de la obra de USD 50 millones respecto al proyecto anterior (de USD 210 millones a USD 258 millones). La olas empresas que ganen, se harán cargo del diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento de instalaciones. Las empresas que resentaron la iniciativa en 2020 (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast), tendrán una preferencia de 12% en la licitación. El modelo financiero aprobado genera gastos anuales para OSE de USD 30 a USD 40 millones durante veinte años. ¿De dónde saldrá la plata para hacer frente a estas obligaciones anuales? ¿Qué podría pasar con las tarifas? ¿Y la infraestructura construida, será parte del patrimonio de OSE? ¿Cuánto más se tendrá que pagar?

Con este proyecto junto con otras iniciativas en camino, el margen de inversión de OSE que le queda para Aguas Corrientes, que es la principal fuente de abastecimiento de agua potable, quedaría comprometida por veinte años, un plazo mucho mayor a lo que dure esta Administración. Adicionalmente, el proyecto Neptuno (curiosamente luego denominado Arazatí),
ha despertado alarmas desde la academia, la sociedad civil organizada y el sindicato de trabajadores de OSE; poniendo en duda la viabilidad técnica del proyecto (por problemas de salinidad que impedirían que funcione todo el año); la falta de instancias de participación pública según normativa vigente; la imposibilidad de incidir en la mejora de calidad de agua como se intenta hacer con las medidas del Plan de Acción en la Cuenca del Santa Lucía, a través de la planificación.

El proyecto Neptuno o Arazatí se plantea en la cuenca del Río de la Plata, una cuenca transfronteriza cuya calidad de agua es sustancialmente peor a la del Río Santa Lucía. Y como “la frutilla de la torta”, a lo anterior se le agrega que el actual proyecto sería violatorio del plebiscito realizado en 2004 que dio una nueva redacción al artículo 47 de la Constitución de la
República, cuyo objeto es el agua como bien social y no como mercancía. Si bien el proyecto con pliego de licitación aprobado tiene mejoras técnicas respecto a algunos problemas identificados, como los contenidos altos de salinidad, todavía faltarían más datos de muestreo en el lugar de la toma sobre el Río de la Plata (para poder comparar entre años, entre estaciones de un mismo año, a diferentes profundidades, entre otras cosas), según indicaron algunos académicos al respecto, para poder evaluar mejor la ubicación de la planta y los componentes de diseño a considerar, elementos que por lo visto, no dan los tiempos para ser revisados si se pretende que la planta esté operativa en 2025.

La contracara de esta iniciativa, es la represa de Casupá, que en 2021 se decidió frenar por el actual Gobierno. Estaba proyectada en la cuenca alta del Río Santa Lucía, tenía financiación resuelta, Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentado y con trámite de autorización ambiental previa avanzado. Casupá sí daba solución a la demanda insatisfecha de
agua potable al 2045 (840 mil m3/día) llegando a 830 mil m3/día, por un costo de obra que es casi la tercera parte y teniendo en cuenta los costos operativos en 18 años, la diferencia con Neptuno o Arazatí era cinco veces más bajo, siendo ahora más notoria esta diferencia con las últimas modificaciones incluidas al proyecto.

En noviembre de 2022, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) recurrió la resolución que aprueba el armado de pliegos para la licitación del proyecto Neptuno. También la Intendencia de Montevideo (IM), presentó un recurso de anulación contra el proyecto, por falta de participación ciudadana como recoge la normativa actual. En diciembre de 2022, el
director de OSE, Edgardo Ortuño, en representación del Frente Amplio (FA), presentó un recurso de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo (TCA) contra proyecto Arazatí; y por otra parte la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, vecinos de Arazatí Los Tucu Tucu y la organización Hermandad Pro Derechos, con el patrocinio de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar, en el mismo mes, presentaron un recurso de anulación y revocación contra la
Resolución del Directorio de OSE Nº 1144/22. Es decir que entre trabajadores, gobierno departamental, representante FA en Directorio de OSE y la sociedad civil organizada, se presentaron cuatro recursos contra la misma resolución. ¿Será o no será un proyecto absurdo y de enorme impacto a la ciudadanía?

A la situación de OSE, se le suma la otra iniciativa privada, el “Proyecto de Universalización del Saneamiento en el Uruguay”, presentada por CIEMSA, FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SACEEM y TEYMA URUGUAY SA, aprobada por Resolución del
Directorio de OSE Nº 570/21, por un monto de la obra de USD 1000 millones, que alcanzaría al 88% de cobertura y llegaría a 124 localidades. Meses después, en 2022, ya se anunciaba un recorte del 75% y en lugar de 124 localidades llegaría a 24, seguramente producto del sentido común que alguien habrá hecho notar a las autoridades de OSE, porque las cuentas
seguramente daban demasiado en rojo para sostener las 124 localidades anunciadas.

Entonces, ¿cuál será la situación financiera de OSE (institución que brinda servicios esenciales de agua potable y saneamiento a la población) después de este Gobierno? ¿Qué OSE nos va a quedar?

4. El estado del ambiente y falta de acciones efectivas

El último informe del Estado del Ambiente publicado es de 2020, que responde a datos analizados de 2016-2020. En ese informe ya se indicaba que la calidad del agua, era uno de los temas más significativos reportados, con cuencas comprometidas como las de los ríos San Salvador, Santa Lucía y Tacuarembó. El Plan de Acción para la cuenca del Río Santa Lucía, comienza a implementarse en 2013 y a partir de 2020, se implementan medidas de segunda generación para la protección de la calidad del agua. Estas medidas son de largo aliento y requieren de recursos económicos que acompañen su implementación para que los resultados sean efectivos. Sin embargo no se identifica un mayor fortalecimiento en recursos teniendo en cuenta que al día de hoy, también la cuenca del Río Negro es objeto de planes específicos de intervención.

En 2020 el proyecto 735-”Gestión integral de aguas y desarrollo de planes intervención de cuencas prioritarias”, tenía $43 millones que corregidos a 2022, resulta en $51 millones, mientras que en 2022 el mencionado proyecto, recibe $45 millones para dos cuencas prioritarias, la de Santa Lucía y la del Río Negro, por lo que los esfuerzos en revertir estos
problemas de calidad de agua, no se ven de hecho recogidos. Este escenario se contrapone a las alertas que hacen investigadores de la UdelaR cuando señalan que según los datos analizados, se da cuenta de un “colapso de las aguas uruguayas” y en particular las fuentes de agua potable (superficial y subterránea) de varias localidades del país, muestran indicadores de calidad que exigen medidas urgentes para revertir su estado. ¿Se están tomando acciones efectivas para revertir este grave problema ambiental?

5. La participación ciudadana no importa

Restringir los espacios de consulta pública a plazos de risa (una semana) como el que implica definiciones a largo plazo respecto a las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que recaerá en el próximo gobierno, es inaceptable. Eso ocurrió durante el proceso de elaboración de la segunda Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN2), documento que expone el compromiso de Uruguay por atender la problemática del cambio climático.
Recordemos que Uruguay es signatario del Acuerdo de Escazú que entre otras cosas implica incluir a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales ¿son efectivos plazos tan cortos para promover la participación ciudadana?

Referencias
Decreto N° 99 (2022) Transfiérense los cargos con los créditos correspondientes al personal de las entonces Unidades Ejecutoras 004 "Dirección Nacional de Medio Ambiente" y 005 "Dirección Nacional de Aguas" del Inciso 14, "Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial"

https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/99-2022
Ley N°19.889. Ley de Urgente Consideración (9 de julio de 2020).
impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020

Resolución del Directorio de OSE Nº 1144 de 2022. Prestar la conformidad a los estudios de factibilidad formulados en el marco de la iniciativa privada denominada Neptuno (16 de agosto de 2022)
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Resolución del Directorio de OSE Nº 570 de 2021. Aceptar la iniciativa privada proyecto de universalización del saneamiento en el uruguay (30 de junio de 2021)
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