1. Marco introductorio

Para poder visualizar los avances o retrocesos en materia de acciones e implementación de políticas en el sector por el actual Gobierno, es necesario repasar sintéticamente lo realizado, al menos, en el último periodo de gobierno del Frente Amplio (FA).

Durante el período 2015-2020 las inversiones en infraestructura de transporte y logística (puertos, carreteras, ferrocarril, vías navegables, etc.), a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y/o de los organismos públicos del sector como la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), alcanzaron cifras máximas históricas. La red vial nacional registró su máximo valor patrimonial, su mejor índice de confort (60% en estado bueno y muy bueno) y el más elevado estado promedio de conservación con un 55% de la red en buenas o muy buenas condiciones. Se consolidó el sistema nacional de puertos y se amplió la capacidad y accesibilidad a partir de la profundización de los canales binacionales, río Uruguay y de acceso al puerto de Montevideo.

Además, se dejaron en marcha las obras de adecuación de los accesos por la rambla portuaria noroeste, incluyendo el viaducto, inaugurado a finales de 2022. Asimismo, se concluyó la rehabilitación de más de 400 km de vías e infraestructura ferroviaria en general y se dejó firmado el contrato e iniciado el Proyecto Ferrocarril Central, que además de ser utilizado por UPM2, asegura la disponibilidad del modo ferroviario para el transporte de cargas en general y pasajeros. Se mantuvieron los subsidios y fideicomisos para beneficio de los usuarios del transporte de pasajeros a nivel metropolitano y nacional, ampliándose el alcance de la gratuidad de pasajes para estudiantes del segundo ciclo de enseñanza secundaria en todo el
país.
En la presentación del Presupuesto 2020-2024 (Ley N° 19.924), así como en las Rendiciones de Cuentas de 2021 y 2022, puede verse que las previsiones de inversión presupuestal y lo ejecutado en 2020 y 2021, son insuficientes para mantener y ampliar la calidad y utilidad de las infraestructuras. Por su parte, es clara la intención y acciones concretas
del actual gobierno, de retirar el estado de la planificación de inversiones y diseño de políticas públicas para el sector, así como de favorecer la desregulación especialmente en el transporte de cargas por carretera, lo cual genera perjuicios fiscales, económicos y sociales en el propio sector, y en toda la cadena productiva y de distribución...