A pesar de las críticas de miembros del actual Gobierno al momento de ser oposición respecto al
presupuesto asignado al sistema de justicia durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, desde el
inicio de este Gobierno no se han incrementado los recursos necesarios para cubrir las necesidades del
servicio esencial tal como se demandaba.

La división de poderes y la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares básicos de los
sistemas democráticos actuales. La esencialidad de una buena administración de justicia es innegable, lo
cual no se reduce en contar con juezas y jueces capacitados y sedes judiciales en todo el país. El
concepto de acceso a la justicia ha evolucionado, dejando atrás esta vieja concepción y entendiendo a la
Justicia como una herramienta para la superación de las desigualdades e inequidades en el acceso a
derechos sobre todo de las personas más vulnerables.

Desde el inicio del período de Gobierno, no se visualiza una política pública de Estado clara
respecto a garantizar el acceso a la Justicia de las personas. No se visualizan cambios que apunten en
pos de la accesibilidad de las personas en acceder a recursos judiciales efectivos para la tutela de sus
derechos, sino por el contrario los cambios llevados adelante tienen que ver con un mayor punitivismo y
retroceso en materia de derechos humanos fundamentales que desprotegen y criminalizan a poblaciones
más vulnerables como: niños, niñas, adolescentes (NNA), mujeres y jóvenes, sobre todo en situación de
pobreza, adicción, etc.